AGO 2023
23

    En el marco de una quiebra la justicia Comercial resolvió rechazar la observación planteada por parte de A.F.I.P al proyecto de distribución síndico al no prever en la liquidación de quiebra un monto para el pago del Impuesto a las ganancias por no existir capacidad contributiva.    En el caso la A.F.I.P cuestionó que en el proyecto de distribución de liquidación de quiebra presentada por el síndico no había dispuesto sumas para el pago del impuesto por las ganancias obtenidas durante el trámite de quiebra de la sociedad.

El tribunal explicó que el deudor pierde al momento de la quiebra la posibilidad de ejercer los derechos de administración y disposición de sus bienes, lo que se refleja en la inmediata inmovilización de su patrimonio. El efecto inmediato es la transferencia de la tenencia de sus bienes al síndico, perdiendo el deudor el "dominio útil"; es decir el ejercicio de facultades propias del dueño que consisten en usar, gozar y disponer. 

El tribunal rechazó las observaciones del fisco a partir de la aplicación del principio de capacidad contributiva como principio fundamental para que un impuesto se vuelva exigible. En este caso, frente a la inexistencia de riqueza luego del decreto falencial se quita toda prosperidad al reclamado crédito de la AFIP. Conforme el principio de capacidad contributiva en un contexto donde los activos se encuentran inmovilizados y la situación económica del fallido es precaria no es apropiado imponer gravámenes.   

En virtud de los argumentos, se decide rechazar la observación presentada por la AFIP sobre la falta de reservas para el Impuesto a las Ganancias en el proyecto de distribución final presentado por la sindicatura.

Fuente: Juzgado Comercial Nº3, EXPTE N° 22722/2010, F.A S.R.L s/QUIEBRA, 07/07/2023

                                                        

 

OCT 2020
19

Por motivo de la pandemia,  la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que busca establecer, entre otras medidas, la suspensión de plazos procesales en proceso de concursos y quiebras, en lo dispuesto al denominado “periodo de exclusividad”;  la prohibición de nuevos embargos sobre cuentas bancarias y  la  suspensión curso de la prescripción y de caducidad de los créditos.

Ahora bien, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el texto de la Nueva Ley de Concursos y Quiebras y devolvió a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley. Los cambios que hizo al proyecto son los siguientes:

- Se extiende el periodo de emergencia hasta el 31 de junio de 2021. Anteriormente, y en el proyecto original de Cámara de Diputados, se había propuesto declarar la emergencia hasta el 31 de marzo de 2021.

-Se disminuye el universo de beneficiarios: solo podrán acceder quienes se declararon en quiebra a partir de la emergencia sanitaria como así también los sujetos comprendidos en los procesos de concursos preventivos y acuerdos preventivos extrajudiciales cuya formulación se hubiese peticionado a partir de que se declaró la emergencia sanitaria, es decir, desde el 20 de marzo de 2020.

-Se exceptúa del beneficio a quienes realicen determinadas operaciones financieras en el exterior: En tales términos, desde el llamado periodo de sospecha y durante dos años de la entrada en vigencia de esta ley, quedarán exceptuados quienes:

i. Realicen giros o transferencias al exterior en concepto de atesoramiento, o por cualquier otro motivo, mediante las cuales los beneficiarios sean sus propios accionistas, socios, integrantes o entidades (empresas, fideicomiso o similar) vinculadas directa o indirectamente y dichos fondos no hayan sido repatriados;

ii. Realicen erogaciones a países categorizados como no cooperantes;

iii. Adquieran títulos de valores en pesos para su posterior venta en moneda extranjera y sean transferidos en custodia al exterior; o adquisición de títulos en pesos para su posterior liquidación de compras al extranjero.

iv. Constitución de cualquier activo financiero en el exterior y no se haya efectuado su repatriación dentro del período citado.

Fuente: CD- 138/20

AGO 2020
04

Junto con la sanción de la Moratoria, la Cámara de diputados aprobó un proyecto de ley que modifica sustancialmente algunos aspectos de la Ley de Concursos y Quiebras en razón de la crisis económica que actualmente se vive producto de la pandemia.

A continuación detallamos los puntos sobresalientes de este proyecto:

-Se suspenden los plazos procesales, para el denominado periodo de exclusividad, en todos los procesos de concursos preventivos y acuerdos preventivos extrajudiciales que se encuentren en trámite, como así también de los concursos preventivos que se peticionen y trámites de quiebra que se inicien desde el comienzo de la vigencia de esta ley y hasta el 31 de Marzo de 2021.

En cada proceso el juez del concurso deberá fijar un nuevo cronograma para dicho periodo contemplando la suspensión dispuesta, y en el caso de los juicios que se inicien a partir de la vigencia de esta ley, el plazo de periodo de exclusividad será de 180 días.

-A partir de la entrada en vigencia de esta ley se suspenderían todos los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras como asi también la totalidad de subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias de cualquier origen.

-Se suspendería el curso de la prescripción y caducidad de los créditos, como así también la ejecución de estos créditos a los garantes, fiadores, avalistas, codeudores y demás obligados.

-En los casos de acuerdos concursales judiciales o extrajudiciales que se encuentren homologados, se prorrogaría el plazo para el cumplimiento por el plazo de 1 año desde el vencimiento originalmente previsto.

- El trámite de los pedidos de quiebra, en los casos contemplados en el artículo 77 de la Ley Nº 24.522 de Concursos y Quiebras, también quedan suspendidos, al igual que el curso de la prescripción y de caducidad de los créditos.

Se exceptúan de este punto a las quiebras de las personas humanas que no desarrollan actividades comerciales ni empresarias y que carecen de actividad económica organizada.

-Se prohibirían embargos sobre cuentas bancarias, excepto para los casos de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales, como así también de créditos de origen alimentarios.

- En el caso de homologación de acuerdos en concursos preventivos, la tasa de justicia será calculada tomando como base el monto total del acuerdo homologado, excluyendo los acuerdos homologados respecto a acreedores privilegiados si correspondiere.

JUL 2020
30

Según lo dispuesto la Resolución 221/20 de Agip, no se computan respecto de los plazos procedimentales los días hábiles administrativos comprendidos en el período previsto entre los días 28 de julio y 07 de agosto de 2020, ambas fechas inclusive.

Quedan excluidos de la presente Resolución los plazos vinculados con la configuración de los tipos penales previstos en el Régimen Penal Tributario establecido en el Título IX de la Ley Nacional N° 27.430 y  aquellos contribuyentes que revistan el carácter de concursados y/o fallidos en los términos de la Ley Nacional Nº 24.522 y sus modificatorias.

JUL 2020
28

En los próximos días, y junto con el tratamiento de la nueva moratoria, se impulsará en Cámara de Diputados una reforma a la Ley de Concursos y Quiebras para evitar los efectos nocivos de la cuarentena a miles de empresas.

El proyecto abarca medidas tales como suspender por 90 días hábiles los pedidos y las declaraciones de quiebra, las ejecuciones de garantías y la liquidación de los bienes, al tiempo que propone prorrogar por 180 días el vencimiento del período de exclusividad que cuenta el deudor para formular propuestas de acuerdo preventivo con sus acreedores.

En los tribunales comerciales prima la cautela y los jueces están a la expectativa de lo que finalmente legisle el Congreso. Por lo pronto aclaran que los plazos procesales están suspendidos hasta el 4 del mes próximo y que todavía rige la suspensión de las ejecuciones dispuesta por la AFIP, con lo que las empresas, aun las más endeudadas, pueden continuar operando sus cuentas bancarias para afrontar sus compromisos.

Fuente: www.ambito.com.ar;  www.lanacion.com.ar

FEB 2017
22

La prescripción de la acción de cobro del Fisco Nacional respecto de un contribuyente concursado debe regirse por la Ley 11.683 y no por el artículo 56 de la Ley 24.522, pues el proceso tributario no queda afectado por la fuerza atractiva de los juicios universales previstos en la Ley de Concursos y Quiebras, ya que de lo contrario las normas tendientes a regular relaciones de derecho privado avasallarían el régimen instaurado para el ejercicio de las acciones y poderes fiscales para determinar impuestos y aplicar multas.

De esta forma, la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó el pronunciamiento del Tribunal Fiscal y rechazó los planteos de prescripción y nulidad formulados por el actor, el cual manifestó que el Fisco Nacional nunca se presentó a verificar su crédito en el Concurso de Acreedores, ni tampoco inició incidente de verificación tardía, habiendo transcurrido con exceso el plazo de los dos años previsto en el art. 56 de la Ley de Concursos y Quiebras.

Para rebatir los argumentos expuestos, los magistrados sostuvieron que el eventual crédito a favor del Fisco solo podría verificarse en el concurso del contribuyente una vez que su determinación haya quedado firme y pasada en autoridad de cosa juzgada.

Por último y remitiéndose a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, los jueces remarcaron que si bien el tribunal cimero se expidió a favor de la aplicación del plazo de prescripción previsto en el art. 56, sexto párrafo, de la Ley de Concursos y Quiebras, dejó a salvo específicamente el supuesto de deudas tributarias que derivasen de un procedimiento determinativo de oficio, tal como sucedió en el presente fallo.

Cámara Contencioso Administrativo Federal -Sala IV 13/10/16 - "C, D A c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo".

NOV 2013
22

Interesante fallo del TFN que resolvió que se aplica el plazo de prescripción de dos años para los contribuyentes concursados.