Créditos Laborales: La Corte ordenó aplicar la Ley de Modernización Laboral
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la aplicación del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral a una serie de causas laborales que se encontraban pendientes de sentencia definitiva. La decisión reviste particular relevancia en materia de actualización de créditos laborales, especialmente frente a los criterios que venían aplicando distintos tribunales para preservar el valor de las acreencias derivadas de las relaciones de trabajo.
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había declarado la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561, en cuanto establecen la prohibición de actualización monetaria, y había dispuesto, como mecanismo de reajuste de los créditos, la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés del 3% anual. Frente a esos pronunciamientos, las demandadas interpusieron recursos extraordinarios federales cuestionando la declaración de inconstitucionalidad.
Sin embargo, la Corte Suprema entendió que correspondía atender a las modificaciones normativas producidas durante la tramitación de las causas. En ese sentido, recordó su doctrina según la cual las sentencias deben considerar las circunstancias existentes al momento de resolver, incluso cuando se trate de normas posteriores a la interposición del recurso. Sobre esa base, examinó la incidencia de la Ley de Modernización Laboral, vigente desde su publicación en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026.
El punto central del pronunciamiento radica en el artículo 55 de la citada ley, que establece un régimen específico para la actualización de los créditos provenientes de relaciones individuales de trabajo en los juicios en trámite y pendientes de sentencia definitiva. La disposición determina, como criterio principal, la aplicación de intereses moratorios conforme a la tasa pasiva fijada por el Banco Central de la República Argentina. A su vez, establece un límite máximo, equivalente al capital histórico actualizado por IPC más un interés del 3% anual, y un piso mínimo del 67% de este último cálculo. Asimismo, dispone expresamente que sus previsiones son de orden público y deben ser aplicadas de oficio o a petición de parte.
A partir de la operatividad de esta disposición, el Máximo Tribunal consideró que había devenido inoficioso emitir un pronunciamiento sobre la cuestión federal que había motivado los recursos extraordinarios, esto es, la constitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561. No obstante, resolvió dejar sin efecto las sentencias recurridas en lo pertinente y devolver las actuaciones a los tribunales de origen para que se dicten nuevos pronunciamientos de conformidad con el régimen legal vigente.
De esta manera, la Corte Suprema reafirma la incidencia inmediata del nuevo régimen legal sobre los procesos laborales que todavía no cuentan con sentencia definitiva firme, imponiendo a los magistrados la aplicación de los parámetros previstos en el artículo 55 de la Ley 27.802. El fallo adquiere especial trascendencia para las controversias en trámite, dado que establece que la determinación de los créditos laborales deberá adecuarse a los límites y criterios de actualización fijados por el legislador, desplazando a los mecanismos de reajuste que habían sido establecidos por los tribunales con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva normativa.
Fuente: “C. O. L. c/ Unir SA y otros s/ despido” – Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fecha: 5 de noviembre de 2026.