HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor de postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 
Tag: Nulidad
 

NOV 2022
09

Publicado por Horacio Cardozo
La corte ratificó que lo resuelto en el Proceso Penal Tributario hace cosa juzgada ante la administración

En un fallo reciente la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió una sentencia donde resolvió que la sentencia dictada en el marco de un proceso penal tributario hace cosa juzgada respecto de las actuaciones que por los mismos hechos tramiten en fuero administrativo.

En el caso se cuestionaba la validez de la inspección, fiscalización y las resoluciones que determinaron de oficio impuesto a las ganancias y por los bienes personales. El contribuyente planteó la nulidad de las resoluciones determinativas al no haberse incluido los conceptos finales en la orden de intervención notificada al principio de las inspección.

En el expediente penal la Cámara Federal de Tucumán había declarado la nulidad de las resoluciones determinativas de oficio. En el ámbito administrativo el Tribunal Fiscal siguió los lineamientos de lo resuelto en el fuero penal y declaró la nulidad de las mismas. Dicha resolución fue revocada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la que entendió que lo resuelto en sede penal sólo tiene efectos en ese proceso, y por ello no existían impedimentos para analizar los actos administrativos desde un visión netamente tributaria.

El asunto llegó a tratamiento de la Corte mediante recurso de Queja por haberse rechazado previamente el recurso extraordinario. El máximo tribunal hizo lugar por unanimidad al recurso y revocó la sentencia de Cámara por ende anuló las resoluciones determinativas.

El tribunal explicó que la sentencia cuestionada afectaba el principio de intangibilidad de la cosa juzgada, que posee jerarquía constitucional, sobre la base de la inalterabilidad de los derechos definitivamente adquiridos por sentencia firme con fundamento en el derecho de propiedad y defensa en juicio.

Fuente: CSJN, Recurso de Queja, CAF, 64770/2017, T. A. R. S. c/ AFIP- DGI s/ DGI, 04/10/2022.

                                                           



 


Tags: Horacio Félix Cardozo - Ganancias - Bienes Personales - Cosa juzgada - Penal Tributario - Determinación de oficio - Nulidad - CSJN - AFIP
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NOV 2022
09

Publicado por Horacio Cardozo
Despido encubierto: acuerdo nulo

La justicia laboral declaró nulo un convenio de finalización de relación laboral por mutuo acuerdo firmado entre un trabajador y su empleador al determinar que el mismo no resultó ser fruto de una negociación entre partes sino un verdadero encubrimiento de un despido directo invocado por la empresa ante el cierre de actividades.

En efecto, ello se resolvió en un fallo dictado por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Trabajo, quien confirmó la sentencia de primera instancia en la causa “F., J. M. vs. Zurich Aseguradora Argentina S.A. s. Despido”, donde remarcó que a tan solo cuatro días de haber celebrado el acuerdo extintivo por escritura pública en los términos del art. 241, LCT (mutuo acuerdo), el actor decidió impugnarlo al sostener que el acto encubrió un despido directo.

Allí, los testimonios fueron coincidentes en señalar que la extinción se debió al cierre del establecimiento demandado porque no se renovó el contrato de alquiler a partir de mayo de 2019 (el acuerdo se celebró a mediados de abril). Lo expuesto denota que el acuerdo no fue fruto de una libre negociación de las partes, sino que estaba condicionado por el cierre de la explotación.

Asimismo, se determinó que del propio acuerdo extintivo acompañado a la causa surge que el actor firmó sin patrocinio letrado, por lo que no pudo cerciorarse sobre los derechos que le correspondían en virtud de la extinción de la relación laboral, en el lugar solo estaban presentes el escribano interviniente y el apoderado de la demandada. En ese marco, es que la empresa le ofreció al actor, en concepto de “gratificación extraordinaria”, una suma de dinero para finalizar el vínculo, monto que es inferior a lo que le hubiese correspondido percibir al actor en caso de ser despedido por el cierre del establecimiento.

Por lo expuesto, la justicia indicó que se trató de un despido encubierto teniendo en cuenta que la única beneficiaria de esta situación fue la propia empresa quién debía cerrar el establecimiento y, ante ello, desvinculó al accionante abonándole un importe inferior al que le hubiese correspondido pagar.

                                                      


 


Tags: Mutuo acuerdo - Nulidad - Encubrimiento de despido - Derechos laborales - Supuestos - Indemnización - Art. 241 LCT
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AGO 2022
10

Publicado por Horacio Cardozo
Límite a IGJ: La justicia consideró arbitraria la negativa de inscripción de sociedad extranjera con socios argentinos

  En un reciente fallo la Cámara Nacional en lo Comercial resolvió anular resolución de Inspección General de Justicia (IGJ) que impedía la inscripción de una sociedad extranjera a los fines de participar en una firma local por estar conformada aquella por socios locales.

El asunto tiene origen en el rechazo trámite iniciado ante la IGJ por una sociedad extranjera con residencia en las Islas Vírgenes a los fines de participar como accionista en una sociedad local conforme lo requiere el art. 123  de la ley general de sociedades (LGS). Contra dicha resolución administrativa la firma interpuso recurso ante la Cámara manifestando haber cumplido con todos los requisitos de información requeridos por el organismo, en general, acreditando identidad de los socios, capacidad económica y patrimonio, por ende la resolución devenía nula por arbitraria.

El organismo administrativo rechazó la solicitud de inscripción bajo la tesitura de que la sociedad estaba conformada casi en su totalidad por socios nacionales o residentes en el país y que los socios pretendían ocultar su patrimonio personal y defraudar a terceros. Afirmó que lo que se busca es prevenir una operatoria offshore con fines ilícitos de evasión fiscal, lavado de dinero y fuga de divisas, correspondiendo darle tratamiento de sociedad local conforme al art. 124 LGS.

El tribunal consideró procedente el recurso y declaró nula a la resolución impugnada, en tanto formalmente no se respetaron las reglas mínimas de un debido proceso, y la misma demostró una falta de apego a la normativa vigente no siendo derivación razonada de la ley. Descarto la hipótesis del ente de considerar que la sociedad se creó para defraudar a terceros, en tanto los socios estaban identificados, acreditó capital suficiente, tiene actividades en varios países.  

Finalmente, resaltamos que el tribunal consideró que “…la IGJ no tiene facultades para impedir que las personas utilicen los instrumentos que consideren más adecuados para su planificación económica…”. Y, en cita de Juan Bautista Alberdi manifestó, “Esa decisión aparece, así, solo fundada en la aversión que el Organismo ha exhibido frente a la actuación trasnacional de las sociedades, en posición que no solo desalienta genuinas inversiones extranjeras, sino que también restringe injustificadamente la libertad que condujo a la grandeza que supo tener nuestra hoy sufriente Patria.

Fuente: COM, Inspección General de Justicia c/V. H. LTD s/Organismos externos, expte.3153/2022, 29/06/2022.

                                                          



 


Tags: Horacio Félix Cardozo - IGJ - Inscripción sociedad - Sociedad extranjera - Socios - Off shore - Nulidad - Arbitrariedad - Recurso directo
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JUL 2022
27

Publicado por Horacio Cardozo
Nuevo revés a la Afip: La corte impidió el rechazo de una solicitud de reorganización empresaria de una firma perteneciente a conjunto económico

En un reciente fallo la Corte Suprema de la Nación resolvió anular resolución del fisco que rechazaba la solicitud de dos empresas de un mismo grupo empresario para ser considerado bajo el régimen de reorganización de empresas respecto del impuesto a las ganancias, en el comentario los detalles del caso.

La sentencia tiene origen en la solicitud de una empresa que se presentó ante la AFIP y puso en su conocimiento que se había perfeccionado un procedimiento de reorganización de empresas, consistente en la transferencia de un fondo de comercio a una empresa vinculada perteneciente al mismo conjunto económico, y que ello encuadraba en el régimen  dispuesto por la Ley de Impuesto a las Ganancias. Cabe recordar que aquellas empresas consideradas en procesos de reorganización empresaria en tanto cumplan con los requisitos de la norma, no son considerados sujetos alcanzados por el impuesto a las ganancias.

La AFIP dictó un acto administrativo mediante el cual rechazo la solicitud iniciada bajo el fundamento de la falta de cumplimiento de los requisitos de la R.G.(AFIP) 25132. En particular, considero que el contribuyente no acredito haber cumplimentado el requisito de publicidad de las Leyes 11.687 y 19.550 como la falta de constancia de inscripción de la reorganización en la Inspección General de Justicia (IGJ), o de haber dado inicio este último trámite. Agotados los recursos ante la AFIP se interpuso demanda judicial.

El juez de primera instancia hizo lugar al planteo del contribuyente y rechazo la resolución administrativa, bajo el entendimiento que la operación involucró a dos sociedades del mismo conjunto económico, y por ende no correspondía la inscripción prevista por la Ley 11.867. Así también considero que la Ley General de Sociedades tampoco prevé un requisito de publicidad para tal operación. En tal sentido, entiende que la exigencia del Fisco constituye una extensión analógica de los  requisitos de la ley (inc. a) y b), art. 77, de la LIG), lo que conduce a declarar la inconstitucionalidad de este reglamento en el caso. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) confirmó la sentencia de primera instancia. El fisco interpuso contra dicha sentencia recurso extraordinario.

El Supremo Tribunal, con igual criterio, considero que los requisitos de publicidad e inscripción no están previstos en la ley del impuesto para las transferencias de fondos de comercio establecidas en la Ley 11.867. En particular, el requisito de publicidad e inscripción de las transferencias aludidas en la Ley 11.867 tiene por finalidad la protección de terceros ajenos a la relación jurídica de las partes intervinientes, circunstancia que no parecería operar en el caso toda vez que al tratarse de empresas vinculadas perteneciente a mismo conjunto económico no cabía posibilidad de ocasionar perjuicios a terceras personas. Por lo que concluye, en confirmar las sentencias de instancias anteriores y  dejar sin efecto la Resolución administrativa que rechazo la solicitud del trámite de reorganización de empresas.

Fuente: CSJN, R. I. Sl Suc. Arg. c/ AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva, 28/06/2022.

                                                              



 


Tags: Horacio Félix Cardozo - Reorganización de empresas - Ganancias - Nulidad - Conjunto Económico - Transferencia de fondo de comercio - AFIP
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MAR 2022
16

Publicado por Horacio Cardozo
La importancia de revisar el domicilio fiscal electrónico: Perdió y tiene que pagar

El Tribunal Fiscal de la Nación en su Sala A resolvió en contra del planteo realizado por un contribuyente que solicitó la nulidad de las notificaciones recibidas que daban inicio al proceso de determinación de impuestos y un sumario por multa por haberlas recibido en su domicilio fiscal electrónico.

El contribuyente interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal contra resolución administrativa que le determinó impuesto a las ganancias y además le impuso una multa en los términos de la ley 11.683. En el recurso planteó la nulidad del acto administrativo y el proceso por haberse violado su derecho de defensa en razón de que la resolución que dio vista de los planteos del fisco se notificó en su domicilio fiscal electrónico el que no resultaba válido pues había constituido uno en oportunidad de la inspección.

El tribunal consideró luego de una reseña de la normativa aplicable al domicilio fiscal electrónico, indicó que, una vez registrado el domicilio fiscal electrónico, éste produce en el ámbito administrativo, los efectos del domicilio fiscal constituido siendo válidas y plenamente eficaces las notificaciones que allí se practiquen.

Cabe destacar que sobre el argumento de haber constituido otro domicilio durante la inspección fue desestimado por el tribunal atento que no surgía de las constancias administrativas haber constituido domicilio procesal “especial” sino solo haber ratificado el domicilio fiscal físico denunciado ante el ente.

Fuente:  TFN, Sala A, A. I. J. S/APELACIÓN, 10/11/2021

                                                                 



 


Tags: Horacio Félix Cardozo. Domicilio fiscal electrónico. Determinación de oficio. Sumario. Vista. Nulidad. Tribunal Fiscal.
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ENE 2022
19

Publicado por Horacio Cardozo
El impuesto determinado firme es irrevisable en el concurso preventivo

En un reciente fallo la Corte Suprema de la Nación revocó sendos fallos de Cámara y primera instancia que accedieron al planteo del Gobierno de la Ciudad de revisar una determinación de oficio firme en instancia administrativa por diferencias detectadas posteriormente.

En el marco de un concurso preventivo el Gobierno de la Ciudad, como acreedor, promovió un incidente de verificación de crédito de una determinación de oficio firme en sede administrativa aduciendo diferencias con el impuesto oportunamente determinado en relación a actividades que agravan la alícuota aplicable en el impuesto sobre los ingresos brutos.

El magistrado de primera instancia, a instancias de la prueba contable, hizo lugar al planteo con base en que consideró probadas las diferencias indicadas por el GCBA y que el tributo fue mal liquidado, desestimando las objeciones respecto de la firmeza del proceso determinativo administrativo previo. Argumentó que la figura de cosas juzgada no es aplicable a la justicia ordinaria en relación a decisiones tomadas en el ámbito administrativo. Tal criterio fue apelado por el concursado ante la Cámara de alzada que confirmó la sentencia.

La resolución del tribunal llegó a instancias de la Corte Suprema quien revocó sendas resoluciones bajo el criterio de un apartamiento infundado de la validez de los procesos administrativos regulados por leyes vigentes. Así entendió que el proceso determinativo tiene una regulación procesal específica de donde surgen plazos y recursos los que agotados otorgan firmeza al acto administrativo resultante. La revisión de una deuda válidamente determinada implica prescindir de modo injustificado de la normativa vigente.

La Corte concluye; “…el criterio de la sentencia impugnada se aparta de las normas conducentes para la debida solución de la causa, lo que impide considerarla como un acto jurisdiccional válido e impone que sea dejada sin efecto”

Fuente: CSJN, COM, GCBA c/ D S.A s/ concurso preventivo,  16/12/2021.

                              



 


Tags: Horacio Felix Cardozo. Cosa juzgada administrativa. Determinación de oficio. GCBA. CSJN. Nulidad. Verificación de crédito.
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DIC 2021
29

Publicado por Horacio Cardozo
Nulidad del acuerdo que firmó el trabajador bajo presión

La justicia declaró nulo un acuerdo de extinción de la relación laboral el cual fuera suscripto por mutuo acuerdo entre el trabajador con su empleador, aun instrumentado ante escribano, por entender que el empleador habría violado el deber de buena fe y los derechos del trabajador.

En efecto, en la causa “K., Miguel vs. M. Argentina S.A. s. Despido”, la sala VIII de la justicia nacional del trabajo, con decisión dividida por un voto en disidencia, entendió que la extinción de la relación laboral mediante acuerdo celebrado por voluntad concurrente de las partes, aun reuniendo todos los requisitos que exige la ley e instrumentado ante un Escribano Publico, implicó una violación a los principios de buena fe laboral, ya que resultó evidente que habiendo sido el empleador quien tomó la decisión de poner fin al vínculo, convocó al trabajador con 34 años de antigüedad a una escribanía, sin patrocinio letrado y ofreciéndole una gratificación por cese, al solo efecto de evitar la configuración de un despido sin causa, por lo que dicho encubrimiento del despido implicó la nulidad del acuerdo.


En el caso, el actor conformó, voluntariamente, el instrumento ante escribano público y pactó el cese del contrato de trabajo mantenido con la accionada, así como el pago de una suma fijada en concepto de gratificación de pago único y extraordinario con motivo de la extinción de la relación laboral, a lo que se sumó su manifestación referida a que una vez percibidas las sumas acordadas nada tendría que reclamar a la empresa por ningún concepto derivado de la relación. Contra los términos convenidos, cumplidos en tiempo y forma por el empleador, reclamó el trabajador casi 5 meses después de su celebración notificándole la impugnación del acuerdo e indicando que lo obligaron a suscribir bajo presión. Por lo expuesto, se resolvió declarar nulo el acuerdo y que la gratificación abonada se tome como pago a cuenta de la indemnización por despido sin causa que le corresponde al trabajador.

Sin perjuicio de ello y como se adelantara, es dable destacar que uno de los tres jueces de la Cámara votó en sentido contrario a la sentencia, indicando que el trabajador contaba con una edad que superaba la establecida para jubilarse, dejando en evidencia que el acuerdo al que arribó resultaba más favorable a su interés que no firmarlo, por lo que del contexto en el que se realizó el acuerdo y en los términos en los que había sido planteada la supuesta presión para firmar el mismo, no surge una circunstancia condicionante de su libertad, intención ni discernimiento, resolviendo a su entender, que no debió declararse la invalidez del acuerdo.

                                             





 


Tags: Extinción por mutuo acuerdo. Buena fe. Antigüedad del trabajador. Gratificación. Nulidad del acuerdo.
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OCT 2021
27

Publicado por Horacio Cardozo
Un acuerdo conciliatorio es declarado nulo

Fue así, que, la justicia declaró nulo un acuerdo firmado entre el trabajador y la empresa empleadora demandada, al entender que el trabajador se habría retractado del acuerdo al que habían arribado con su empleador y presentado ante el Ministerio de Trabajo, y dicha retractación se formalizó por escrito antes de que el mismo fuera homologado.

En efecto, ello sucedió en la causa “F. C. Irene vs. Miralejos S.A. s. Despido.” En donde la Sala V de la Cámara del Trabajo, consideró que, si la parte trabajadora se retractó del acuerdo al que habría arribado con su empleador, antes de que este homologue, el mismo es pasible de anularse, siempre y cuando se notifique fehacientemente a la autoridad administrativa de ese desistimiento previo a la homologación y el motivo del mismo, donde la trabajadora alegó falta de consentimiento en el acuerdo al que se arribó.

En el caso, la trabajadora fue despedida por su empleador y por su salida firmó un acuerdo conciliatorio a los fines de abonársele la debida indemnización y comprometiéndose a no reclamarle más nada a la empresa, pero al no verse satisfecha con los términos del mismo, declinó su consentimiento y por ello resultó procedente la nulidad del acuerdo, haciéndose por consiguiente lugar a la acción por despido incausado entablado por la trabajadora.

En resumen, la manifestación de dejar sin efecto el acuerdo celebrado mediante notificación al ente administrador que lo recibió, en este caso el Ministerio de Trabajo, y ello en forma previa a la resolución homologatoria, determina que no existió el debido consentimiento que perfecciona el acto jurídico, quedando dicho acuerdo viciado, y por consiguiente nulo. Por ello, se aclara que los acuerdos firmados entre un empleador y el trabajador y presentados ante la autoridad de aplicación, pueden ser declarados nulos (o sea que no se aplique) y por ello no deben cumplirse hasta tanto no sean homologados por la autoridad administrativa aplicable por lo menos, que en este caso es el Ministerio de Trabajo.


Tags: Derecho laboral. Acuerdos. Nulidad. Retractación. Consentimiento. Derechos laborales. SECLO. Ministerio de Trabajo. Despido sin causa.
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DIC 2020
29

Publicado por Horacio Cardozo
Tu acuerdo, tu abogado

En efecto, en la causa “Cassisa, Susana Patricia vs. Editorial Sarmiento S.A. s. Diferencias de salarios” la Sala I de la Cámara del Trabajo determinó que el acuerdo suscripto en la sede del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SeCLO) entre la trabajadora y su empleador resultaba ser nulo debido a que el abogado de la empleada no había sido libremente elegido por ella, sino que le había sido impuesto por la empresa, sin su consentimiento.

Fue así que, el tribunal dijo que resulta procedente el reclamo iniciado por la trabajadora por daño moral en tanto las circunstancias posteriores a la extinción, configuraron un caso de violencia laboral que se tradujo en la conducta abusiva a la que fue sometida la Sra. Cassisa a fin de acceder a las indemnizaciones derivadas del despido directo decidido por su empleadora, suscribiendo un acuerdo ante el SeCLO con la asistencia de una abogada elegida por la empresa.

En estos términos, se entendió que un acuerdo celebrado y homologado en el SeCLO produce los efectos de la cosa juzgada ante un posterior reclamo en sede judicial. Pero, al haber sido la trabajadora sometida a suscribir dicho acuerdo, asesorada por un abogado impuesto por la empresa y quedando comprobado ello, el acuerdo debe ser tachado de nulidad, pues quedó configurado un vicio en la voluntad de la trabajadora por haber actuado sin el debido asesoramiento. Asimismo, la Sala dijo que tal proceder produjo un menoscabo en los derechos humanos fundamentales como la dignidad, el honor y el deber de no dañar, derechos que le corresponden en su condición de ser humano y de persona trabajadora, por lo que le concedieron el reclamo por Daño Moral.

Por ello, es importante que a la hora de suscribir un acuerdo ante el SeCLO, el trabajador esté totalmente conforme con el acuerdo arribado, otorgándole la posibilidad de elegir libremente su letrado en caso de preferirlo.


Tags: acuerdo SeCLO. Homologado. Nulidad. Daño moral. Indemnizaciones laborales.
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NOV 2015
05

Publicado por Horacio Cardozo
AVASALLAMIENTO DE DERECHOS. NULIDAD DEL ALLANAMIENTO EFECTUADO POR MICROSOFT.

Hoy fuimos notificados de una nulidad de allanamiento plantada por el estudio y  efectuado por MICROSOFT en busca  de programas ilegales. La justicia consideró que Microsoft no había cumplido los requisitos legales para proceder al allanamiento. Dejamos constancia que consideramos que tampoco son legales los requerimientos efectuados por la desarrolladora de software sin orden judicial para revisar las computadoras de las empresas.


Tags: allanamiento - microsoft - nulidad allanamiento - allanamiento ilegal
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