MAR 2025
12

En el caso "A. K. N. c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ Diferencias de Salarios", la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala V) dictó sentencia el 1 de septiembre de 2023. El caso de referencia se trataba de una trabajadora médica de guardia, quien trabajaba 24 horas semanales –horario que, al compararse con la jornada convencional de 35 horas, supera los dos tercios de la misma.

Aunque las partes habían convenido una jornada reducida conforme al art. 198 de la LCT, la reforma introducida por la Ley 26.474 y lo establecido en el art. 92 ter de la LCT dictaminan que si la jornada pactada supera los 2/3 de la jornada habitual, debe abonarse la remuneración equivalente a una jornada completa.

El tribunal revocó la sentencia de grado y condenó al Instituto a abonar a la actora las diferencias salariales correspondientes a la jornada completa de trabajo, incluyendo conceptos por aguinaldo, vacaciones y recargo por nocturnidad, más los intereses y costas procesales.

Esta resolución reafirma la protección legal que ampara a los trabajadores, estableciendo que, aun cuando exista un acuerdo de jornada reducida, el hecho de superar el umbral del 2/3 de la jornada habitual implica que el trabajador debe percibir la totalidad de la remuneración prevista para su actividad. Un precedente que, sin duda, servirá de referencia en futuras controversias sobre diferencias salariales en contratos de tiempo parcial.

                                                                  

MAR 2025
06

En un reciente fallo que favorece a los contribuyentes, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó la rehabilitación provisional de la CUIT de un ciudadano que había sido incluido en la Base de Contribuyentes No Confiables por la AFIP.

El conflicto se originó cuando la AFIP inhabilitó la CUIT del contribuyente, argumentando que su actividad fiscal presentaba inconsistencias. Ante esto, recurrió a la justicia alegando que la medida era arbitraria, ya que su caso aún estaba en trámite administrativo y sin resolución firme. El juez de primera instancia falló a su favor, ordenando la rehabilitación hasta que el Fisco emitiera un acto administrativo fundado.

La AFIP apeló la decisión, sosteniendo que la normativa le permite inhabilitar preventivamente la CUIT de contribuyentes considerados "usinas de facturación". Sin embargo, la Cámara confirmó la sentencia anterior, destacando que la suspensión no podía ejecutarse sin un acto administrativo expreso que justificara la decisión.

El fallo subraya la importancia del debido proceso y refuerza el principio de que los contribuyentes no pueden ser sancionados sin una resolución administrativa clara y fundada. Con esta decisión, la justicia impone límites a la discrecionalidad de la AFIP y garantiza mayor seguridad jurídica para los ciudadanos.

Fuente: "CAF 15315/2024/CA1 T. V. F. c/ EN - AFIP - DGI Anulación de CUIT s/ Amparo Ley 16.986". Febrero 2025

MAR 2025
06

En el fallo dictado en el expediente “S., M. A. c/ ROCH SA Y OTROS s/ DESPIDO” (Expte. 5482/12), la Sala II de la CNAT, entendió en el fallo dictado el día 02/11/20 que una UTE se trata de un contrato de colaboración entre empresas y que no cuentan con personería jurídica, por lo tanto, no cuentan con capacidad de hecho, ni derecho. La falta de capacidad de las UTE, tampoco les permite constituirse como empleadores, más allá que la administración le permita dar alta a trabajadores en relación de dependencia, esto no puede ser avalado por el Poder Judicial. Textualmente, la Sala resuelve lo siguiente: “...Las uniones transitorias de empresas no son más que un contrato de colaboración inter empresaria (art. 1.463 del Código Civil y Comercial, y art. 377 de la ley 19.550, hoy derogado), carentes de personería jurídica y, por tanto, de capacidad, tanto de hecho como de derecho. Y si no tienen capacidad, tampoco pueden constituirse como empleadores. Lo que comete la administración al permitirles dar de alta trabajadores en relación de dependencia no es otra cosa que un desaguisado, que, frente a la existencia de una controversia, no puede ser avalado por el Poder Judicial. Desde un punto de vista técnico laboral, una unión transitoria de empresas es un empleador pluripersonal constituido por todas las sociedades que la integran (art. 26 de la ley 20.744)...”; “...la ley 20.744 contiene una disposición específica en la materia, como lo es el mencionado artículo 26, que impone la responsabilidad solidaria de los empleadores constituidos por más de un sujeto…”

En el fallo dictado en el expediente “S. C. J. C/ EDESUR SA Y OTRO S/ DESPIDO”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I, resolvió en el fallo dictado el día 29/06/12  confirmar el fallo de primera instancia que condenó en una demanda por el cobro de indemnización por despido y otros créditos laborales, a Edesur SA (EDESUR) y a la Sociedad Integrada de Buenos Aires SA (SIBA) con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, resolviendo lo siguiente: “...aunque el vínculo se hubiese concertado con una unión transitoria de empresas, que no es persona (Art.377 último párrafo de la ley de sociedades comerciales), sí lo son las personas que la conforman – en el caso, la quejosa – quien participó en la comisión de la antijuridicidad delictual que aquí se juzga…”; “...como persona jurídica parte de la unión transitoria que trianguló el vínculo laboral en perjuicio del dependiente, no podía ignorar, obrando con cuidado y previsión, las alternativas fácticas del vínculo laboral del demandante y la relevancia del tiempo de las irregularidades para cuantificar los créditos…”.-

FEB 2025
26

El Tribunal Fiscal de la Nación resolvió que los bienes transferidos a un trust irrevocable antes de la entrada en vigencia de la Ley de Aporte Solidario Extraordinario no deben ser tenidos en cuenta para pagar el impuesto. Éste se creó para recaudar fondos extra durante la pandemia y afectaba a quienes tenían un alto patrimonio.

Un trust irrevocable es un fideicomiso en donde quien transfiere los bienes pierde el control sobre ellos de manera definitiva, sin posibilidad de recuperarlos o modificarlos. La ley establecía que los bienes transferidos a estas estructuras debían incluirse en la base imponible del impuesto, pero no diferenciaba entre fideicomisos revocables e irrevocables.

El caso se originó cuando una persona, en 2019, transfirió acciones de una empresa a un trust irrevocable en Bahamas. A pesar de que la transferencia se realizó antes de la existencia del Aporte Solidario, el organismo recaudador de impuestos argentino incluyó esos bienes en la base del impuesto. La persona pagó bajo protesta y luego inició una demanda para recuperar el dinero.

El Tribunal Fiscal revisó la situación y determinó que, al tratarse de un trust irrevocable, la persona ya no tenía control ni propiedad sobre los bienes al momento de la entrada en vigencia del impuesto. Por lo tanto, concluyó que esos bienes no debían ser gravados por el Aporte Solidario.

Este fallo es clave porque es la primera vez que el Tribunal Fiscal se pronuncia sobre este tema y su decisión podría influir en otros casos similares.

FUENTE: “Magdalena Maria Williner” TFN, Sala “B” del 13/12/2024.

FEB 2025
26

La  Corte Suprema de Justicia de la Nacional, en el expediente “C., L. de los A. c/ Be Enterprises S.A. s/ despido” (Cita: MJ-JU-M-139019-AR|MJJ139019|MJJ139019), con fecha 01/11/22, resolvió sobre un caso donde la actora trabajaba cumpliendo una jornada de 7 horas diarias de lunes a viernes y 12 horas los sábados, situación que, si bien respetaba el límite semanal de 48 horas, evidenciaba un exceso en cuanto al límite diario de 9 horas previsto en el art. 1 de la Ley 11.544 (el cual determina que la jornada diaria de trabajo tiene como límite las 8hs) y del art. 1, inc. b) de su decreto reglamentario 16115/1933 (el cual determina, que para el caso que el trabajador labore menos de las 8 hs. diarias, se puede distribuir en las hs. en los demás días de la semana hasta un límite de 9 hs. diarias, debiendo los sábados terminar la jornada a las trece horas).

El fallo no autoriza el exceso del límite diario de horas. Aunque la trabajadora no sobrepasaba las 48 horas semanales, el tribunal dejó en claro que cumplir 12 horas los sábados excede el límite diario de 9 horas previsto para esa modalidad de distribución de la jornada. La resolución subraya que los límites diarios y semanales son independientes y deben cumplirse ambos, de modo que concentrarse únicamente en el tope semanal es insuficiente para justificar la extensión de la jornada. Por ello, el exceso diario se considera horas extraordinarias que deben ser reconocidas y compensadas.

El fallo se sumerge en un complejo debate doctrinal en el que se cuestiona la aplicación del precedente plenario, recordado en el fallo "D´aloi", el cual en su momento se centró en la remuneración de horas excedentes sin abordar el tema del límite diario.

FEB 2025
19

En un reciente fallo, el Tribunal Fiscal de la Nación ha determinado la anulación de las multas impuestas a una contribuyente por la AFIP, en relación con el impuesto sobre los bienes personales de los períodos fiscales 2019 y 2021. Este fallo favorece a la actora, quien había sido sancionada por infracciones, pero finalmente se beneficia de la condonación de las sanciones gracias a la Ley 27.743, denominada “Ley de Blanqueo”, que establece el régimen de regularización de obligaciones tributarias.

El conflicto comenzó cuando la AFIP impuso las multas, las cuales fueron confirmadas por el Tribunal Fiscal. Sin embargo, la actora presentó un recurso de apelación, solicitando que se anularan las sanciones debido a que la Ley de Blanqueo permite la liberación de multas a quienes hayan cancelado la deuda antes del 31 de marzo de 2024. También argumentó que no se encontraba en ninguna de las situaciones que impidan acceder a este beneficio.

Tras un análisis de las normativas vigentes, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió eliminar las multas, ya que la deuda principal había sido cancelada antes de la fecha límite establecida.

Con este fallo, se proporciona mayor claridad sobre la aplicación de la Ley de Blanqueo y demuestra un enfoque favorable hacia los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias dentro de los plazos establecidos, evitando sanciones excesivas e injustas.

Fuente: “V, A. M. (TF 58513109-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”. 26/12/2024.