MAR 2025
06

En el fallo dictado en el expediente “S., M. A. c/ ROCH SA Y OTROS s/ DESPIDO” (Expte. 5482/12), la Sala II de la CNAT, entendió en el fallo dictado el día 02/11/20 que una UTE se trata de un contrato de colaboración entre empresas y que no cuentan con personería jurídica, por lo tanto, no cuentan con capacidad de hecho, ni derecho. La falta de capacidad de las UTE, tampoco les permite constituirse como empleadores, más allá que la administración le permita dar alta a trabajadores en relación de dependencia, esto no puede ser avalado por el Poder Judicial. Textualmente, la Sala resuelve lo siguiente: “...Las uniones transitorias de empresas no son más que un contrato de colaboración inter empresaria (art. 1.463 del Código Civil y Comercial, y art. 377 de la ley 19.550, hoy derogado), carentes de personería jurídica y, por tanto, de capacidad, tanto de hecho como de derecho. Y si no tienen capacidad, tampoco pueden constituirse como empleadores. Lo que comete la administración al permitirles dar de alta trabajadores en relación de dependencia no es otra cosa que un desaguisado, que, frente a la existencia de una controversia, no puede ser avalado por el Poder Judicial. Desde un punto de vista técnico laboral, una unión transitoria de empresas es un empleador pluripersonal constituido por todas las sociedades que la integran (art. 26 de la ley 20.744)...”; “...la ley 20.744 contiene una disposición específica en la materia, como lo es el mencionado artículo 26, que impone la responsabilidad solidaria de los empleadores constituidos por más de un sujeto…”

En el fallo dictado en el expediente “S. C. J. C/ EDESUR SA Y OTRO S/ DESPIDO”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I, resolvió en el fallo dictado el día 29/06/12  confirmar el fallo de primera instancia que condenó en una demanda por el cobro de indemnización por despido y otros créditos laborales, a Edesur SA (EDESUR) y a la Sociedad Integrada de Buenos Aires SA (SIBA) con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, resolviendo lo siguiente: “...aunque el vínculo se hubiese concertado con una unión transitoria de empresas, que no es persona (Art.377 último párrafo de la ley de sociedades comerciales), sí lo son las personas que la conforman – en el caso, la quejosa – quien participó en la comisión de la antijuridicidad delictual que aquí se juzga…”; “...como persona jurídica parte de la unión transitoria que trianguló el vínculo laboral en perjuicio del dependiente, no podía ignorar, obrando con cuidado y previsión, las alternativas fácticas del vínculo laboral del demandante y la relevancia del tiempo de las irregularidades para cuantificar los créditos…”.-

FEB 2025
26

El Tribunal Fiscal de la Nación resolvió que los bienes transferidos a un trust irrevocable antes de la entrada en vigencia de la Ley de Aporte Solidario Extraordinario no deben ser tenidos en cuenta para pagar el impuesto. Éste se creó para recaudar fondos extra durante la pandemia y afectaba a quienes tenían un alto patrimonio.

Un trust irrevocable es un fideicomiso en donde quien transfiere los bienes pierde el control sobre ellos de manera definitiva, sin posibilidad de recuperarlos o modificarlos. La ley establecía que los bienes transferidos a estas estructuras debían incluirse en la base imponible del impuesto, pero no diferenciaba entre fideicomisos revocables e irrevocables.

El caso se originó cuando una persona, en 2019, transfirió acciones de una empresa a un trust irrevocable en Bahamas. A pesar de que la transferencia se realizó antes de la existencia del Aporte Solidario, el organismo recaudador de impuestos argentino incluyó esos bienes en la base del impuesto. La persona pagó bajo protesta y luego inició una demanda para recuperar el dinero.

El Tribunal Fiscal revisó la situación y determinó que, al tratarse de un trust irrevocable, la persona ya no tenía control ni propiedad sobre los bienes al momento de la entrada en vigencia del impuesto. Por lo tanto, concluyó que esos bienes no debían ser gravados por el Aporte Solidario.

Este fallo es clave porque es la primera vez que el Tribunal Fiscal se pronuncia sobre este tema y su decisión podría influir en otros casos similares.

FUENTE: “Magdalena Maria Williner” TFN, Sala “B” del 13/12/2024.

FEB 2025
26

La  Corte Suprema de Justicia de la Nacional, en el expediente “C., L. de los A. c/ Be Enterprises S.A. s/ despido” (Cita: MJ-JU-M-139019-AR|MJJ139019|MJJ139019), con fecha 01/11/22, resolvió sobre un caso donde la actora trabajaba cumpliendo una jornada de 7 horas diarias de lunes a viernes y 12 horas los sábados, situación que, si bien respetaba el límite semanal de 48 horas, evidenciaba un exceso en cuanto al límite diario de 9 horas previsto en el art. 1 de la Ley 11.544 (el cual determina que la jornada diaria de trabajo tiene como límite las 8hs) y del art. 1, inc. b) de su decreto reglamentario 16115/1933 (el cual determina, que para el caso que el trabajador labore menos de las 8 hs. diarias, se puede distribuir en las hs. en los demás días de la semana hasta un límite de 9 hs. diarias, debiendo los sábados terminar la jornada a las trece horas).

El fallo no autoriza el exceso del límite diario de horas. Aunque la trabajadora no sobrepasaba las 48 horas semanales, el tribunal dejó en claro que cumplir 12 horas los sábados excede el límite diario de 9 horas previsto para esa modalidad de distribución de la jornada. La resolución subraya que los límites diarios y semanales son independientes y deben cumplirse ambos, de modo que concentrarse únicamente en el tope semanal es insuficiente para justificar la extensión de la jornada. Por ello, el exceso diario se considera horas extraordinarias que deben ser reconocidas y compensadas.

El fallo se sumerge en un complejo debate doctrinal en el que se cuestiona la aplicación del precedente plenario, recordado en el fallo "D´aloi", el cual en su momento se centró en la remuneración de horas excedentes sin abordar el tema del límite diario.

FEB 2025
19

En un reciente fallo, el Tribunal Fiscal de la Nación ha determinado la anulación de las multas impuestas a una contribuyente por la AFIP, en relación con el impuesto sobre los bienes personales de los períodos fiscales 2019 y 2021. Este fallo favorece a la actora, quien había sido sancionada por infracciones, pero finalmente se beneficia de la condonación de las sanciones gracias a la Ley 27.743, denominada “Ley de Blanqueo”, que establece el régimen de regularización de obligaciones tributarias.

El conflicto comenzó cuando la AFIP impuso las multas, las cuales fueron confirmadas por el Tribunal Fiscal. Sin embargo, la actora presentó un recurso de apelación, solicitando que se anularan las sanciones debido a que la Ley de Blanqueo permite la liberación de multas a quienes hayan cancelado la deuda antes del 31 de marzo de 2024. También argumentó que no se encontraba en ninguna de las situaciones que impidan acceder a este beneficio.

Tras un análisis de las normativas vigentes, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió eliminar las multas, ya que la deuda principal había sido cancelada antes de la fecha límite establecida.

Con este fallo, se proporciona mayor claridad sobre la aplicación de la Ley de Blanqueo y demuestra un enfoque favorable hacia los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias dentro de los plazos establecidos, evitando sanciones excesivas e injustas.

Fuente: “V, A. M. (TF 58513109-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”. 26/12/2024.

FEB 2025
19

En una sentencia que sienta un precedente importante en materia laboral, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha fallado a favor del trabajador, quien fue despedido durante el período de prueba mientras se encontraba de baja por un accidente de trabajo. Aunque la norma –en concreto el art. 92 bis de la LCT– faculta a ambas partes a extinguir la relación laboral sin expresión de causa durante los tres primeros meses, el tribunal dejó claro que tal disposición debe ceder ante la protección de derechos fundamentales.

El fallo expone que “el trabajador tiene derecho, durante el período de prueba, a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo (…)”, lo que implica que despedir a un empleado en esa circunstancia, sin habersele dado el alta médica, vulnera el principio de no discriminación y la tutela que las normas superiores, tanto nacionales como internacionales, otorgan a la condición de vulnerabilidad del trabajador. En palabras del juez, “poner fin a un vínculo como consecuencia de un accidente de trabajo es –a mi criterio- un claro presupuesto de discriminación fundado en la condición psicofísica del trabajador”

Aunque la empleadora argumentó que la extinción del contrato se efectuó de conformidad con la excepción que permite el art. 92 bis, el tribunal consideró insuficiente dicha justificación ante la existencia de indicios notables de que la decisión se basó en el estado de salud del trabajador. Así, al no lograr demostrar que el despido obedecía a motivos objetivos ajenos a su condición, se invirtió la carga probatoria, obligando a la empresa a acreditar una causa razonable, lo cual no sucedió en este caso.

El fallo concluye ordenando el pago de una indemnización equivalente a 13 salarios –suma que asciende a $407.494,49, calculada sobre la base de una remuneración mensual de $31.345,73–, en reconocimiento de la conducta arbitraria y discriminatoria. De esta manera, la sentencia reafirma que la protección contra el despido discriminatorio tras un accidente de trabajo es inviolable, y que la figura del período de prueba no puede utilizarse para eludir las garantías constitucionales y los tratados internacionales que resguardan la dignidad y la integridad del trabajador.

Fuente: Expte. N° 3540/2020 - “R., H. M. c/ Adeco Argentina SA. s/ despido” - CNTRAB - SALA V - 30/04/2024

FEB 2025
12

La Cámara Federal de San Martín resolvió que la justicia federal es competente para intervenir en la disputa entre una empresa concesionaria y la Municipalidad de Hurlingham por la validez de una tasa municipal sobre accesos a autopistas.

La Cámara rechazó el planteo de incompetencia de la Municipalidad de Hurlingham y confirmó que la justicia federal debe intervenir en la demanda iniciada por la empresa concesionaria. La empresa impugnó la tasa municipal impuesta para el mantenimiento de calles aledañas a la autopista bajo su concesión, alegando que el tributo es inconstitucional y que la jurisdicción corresponde al Estado Nacional.

La Municipalidad de Hurlingham sostuvo que la tasa era legítima y se aplicaba por la utilización intensiva de las calles de acceso a la autopista, lo que generaba un desgaste significativo en la infraestructura vial local. Según el municipio, el cobro del tributo permitía financiar su mantenimiento sin interferir en competencias nacionales. No obstante, el concesionario argumentó que el tributo vulneraba la legislación federal sobre concesiones viales y que la empresa no era beneficiaria directa del servicio prestado por el municipio, lo que lo convertía en un impuesto encubierto.

El fallo determinó que la controversia involucra cuestiones de derecho federal, dado que la empresa administra un acceso vial regulado por normas nacionales. La resolución confirmó la competencia del fuero federal y desestimó la excepción de incompetencia planteada por el municipio, imponiéndole las costas del proceso.

Fuente: Cámara Federal de San Martín – Sala II, "Grupo Concesionario del Oeste SA c/ Municipalidad de Hurlingham s/ Acción Meramente Declarativa de Derecho" (Expediente FSM 11549/2022/CA2),  07/11/2024.