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En un reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, se revocó el procesamiento dictado contra una empresa al entender que se realizó incorrectamente el cálculo del monto del ajuste presuntamente evadido, y que junto con ello que no se cumple con el grado de certeza necesario dispuesto en el código penal para el procesamiento.

La causa tiene origen en la presunta evasión del impuesto a las Ganancias del periodo 2016 por parte de una empresa dedicada a la producción de bebidas. La determinación del monto del ajuste fue confeccionado por AFIP en base a los registros contables y libros de inventario y balance que proporcionó la contribuyente.

La empresa apeló el procesamiento al entender que se utilizó un cálculo erróneo para obtener la cantidad de ventas presuntamente evadidas, alegando que el fisco contabilizó erróneamente la variable de pérdida de materias primas en la producción de las bebidas del periodo 2016, concepto que se utiliza como deducción del impuesto.

La Cámara al analizar, llegó a la conclusión de que el fisco tomó como referencia para el ajuste sobre las pérdidas de materia prima, solamente las adquiridas durante el 2016. Esto resulta en una omisión del cálculo adecuado, el cual debió considerar la existencia inicial del ejercicio, sumando las compras y restando la existencia final. Situación que de aplicarse reducirá la base imponible y junto con ello las presuntas ventas omitidas.  En caso de que se aplique el cálculo correcto se pone en duda que los montos presuntamente evadidos sean susceptibles de alcanzar el mínimo no imponible de acuerdo al Régimen Penal Tributario.

La cámara entiende que por error cometido por el Fisco para calcular la base imponible, se advierte de una posible imprecisión que debe ser aclarada. Situación en la que la Cámara entiende no se logró el grado de certeza necesario para ordenar el procesamiento por lo que decide revocar el mismo.

Fuente: C.N.A.P.E sala B, legajo de apelación de Muiño Vending S.R.L y otros S/infraccion Ley 24.769, CPE N°805/2022 de Fecha 22.12.2023

                                                   

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La Cámara de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia que hizo lugar a la demanda de un trabajador por despido indirecto. El empleado se desempeñaba como “administrador de ventas” dentro del rubro hotelero que como consecuencia del COVID -19 redujo su actividad, tal fue así que entre la Cámara Empresaria y el sindicato celebraron un acuerdo en los términos del art 223 bis LCT mediante el cual se procedió a una suspensión del personal imposibilitado de trabajar y se acordó el pago de una prestación no remunerativa en compensación por dicha suspensión correspondiente al 75% de la remuneración bruta.

Atento a ello, el fallo de primera instancia concluyó que la empleadora no acreditó fehacientemente la notificación de la suspensión cursada al trabajador quien dijo no haber suscripto el acuerdo y sumado a eso, no cumplió con el plazo previsto en el art. 220 LCT que dispone que “Las suspensiones fundadas en razones disciplinarias o debidas a falta o disminución de trabajo no imputables al empleador, no podrán exceder de treinta (30) días en un (1) año, contados a partir de la primera suspensión (…) y el mismo se extendió mediante prórroga desde abril 2020 hasta septiembre 2021.Por lo que el despido indirecto efectivizado por el empleado fue ajustado a derecho según lo consideró el juez de primera instancia.

Tras la apelación efectuada por el empleador, la Cámara discrepa con lo decidido en grado argumentando que el acuerdo que convino suspensiones del personal fue homologado por la Secretaria de Trabajo de la Nación toda vez que el mismo cumplió con el procedimiento dado por la normativa vigente ante tal situación de emergencia mundial que restringió el ejercicio de algunos derechos en miras de priorizar la salud de toda la población. Si bien ninguna medida dictada bajo esas circunstancias eximió el requisito de homologación de los acuerdos suscriptos según art 223 bis LCT, la condición de ratificación del personal afectado debió ceder frente a la problemática sanitaria extraordinaria y más teniendo en cuenta que no hubo oposición gremial y se efectuaron los controles de legalidad previos a la homologación. Por lo que considera que la empresa se ajustó a derecho y actuó de conformidad con lo dispuesto ante la emergencia sanitaria imperante al momento.

Fuente: "H.J.M c/Frali S.A. S/ Despido” Tribunal: SALA VIII- CNTRAB 

                                                     

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El nuevo presidente electo realizó una profunda desregulación de la economía del país a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado esta madrugada donde ha declarado “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025″.

El decreto deroga la ley de alquileres siendo que los propietarios y locatarios tendrán la libertad de negociar de manera independiente los precios, plazos y ajustes en los cánones locativos, sin intervención estatal. El pago puede ser fijado en moneda nacional o extranjera.

Por otro lado, el DNU aborda también una gran reforma laboral, los siguientes son algunos de los puntos claves a tener en cuenta:

1. Extensión del período de prueba, se prolonga de los 3 a  8 meses. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se considera a prueba durante este lapso, permitiendo a ambas partes extinguir la relación sin expresión de causa, sin derecho a indemnización por la extinción, manteniendo la obligación de preavisar.

2. Se deroga la obligatoriedad del carácter bancario de la cuenta sueldo, pudiendo a pedido del trabajador acreditar su sueldo en cuenta bancaria o institución de ahorro oficial que elija (pudiendo ser por ejemplo MERCADOPAGO).

3. Licencia  por embarazo: A pedido de la trabajadora embarazada podrá elegir seguir trabajando hasta los 10 días anteriores al parto, conservando los restantes 80 días de licencia para posterior al mismo.

4. Establece nuevas causales de despido con causa: En caso de bloqueos o tomas de establecimientos, se presume que existe injuria grave cuando durante la medida de acción directa:

a.- Se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza llevada a cabo por los trabajadores, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas;

b.- Se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento;

c.- Se ocasionen daños apersonas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento o se las retenga indebidamente.

Cabe destacar que el empleador, previo a proceder al despido, deberá intimar al trabajador a que cese en su actitud salvo que haya daño a las cosas o violencia sobre personas.

5. La modificación de la base de cálculo de la indemnización por despido, la cual no puede ser inferior al 67% del importe correspondiente a un mes de sueldo y excluye el Sueldo Anual Complementario y conceptos de pago semestral o anual. No forman parte de la base de cálculo como el pago del celular, vales alimentarios, y los bonos anuales.

6. Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el régimen indemnizatorio mencionado por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al OCHO POR CIENTO (8%) de la remuneración computable.

7. Eliminación del derecho a la reincorporación del trabajador en casos de despido discriminatorio por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política o gremial.

Se mantiene la indemnización agravada para dichos casos pero se reduce al 50% de la indemnización por antigüedad.

8. Modificación de las tasas de interés aplicables a los créditos laborales adeudados limitándolas a lo que resulte de calcular el monto histórico actualizado por IPC con más una tasa de interés pura del 3% anual.

9. En caso de condena desfavorable a una persona humana y  PYME, podrá abonar el capital de condena en hasta 12 cuotas con intereses con tasa morigerada.

10. Se derogan todas las multas por falta o deficiente registración laboral.

11. Se eliminan las multas por falta de entrega de certificados de trabajo. Asimismo, se implementará un sistema virtual estatal de carga donde al subirlo en dicho sistema se considerara cumplida la obligación de entrega de los mismos.

12. Importante disminución en cuanto a los aportes y contribuciones: Antes de la vigencia del decreto en análisis, las empresas contribuyen con el 16% de la jubilación, el 2% del PAMI, el 6% de la obra social, el 1,5% del Fondo Nacional de Empleo, el 0,3% del Seguro de Vida Obligatorio y la ART. Los trabajadores aportan el 11% de la jubilación, el 3% del PAMI y el 3% de la obra social.

13. Derecho a huelga: se limita en ciertas actividades consideradas "servicios esenciales". Establece que en ningún caso podrán negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio, y para actividades o servicios de importancia trascendental, la cobertura no podrá ser inferior al 50%.

14. Suspensión de la ultra actividad de los convenios colectivos. Es decir, no se prorrogará automáticamente un convenio cuando este pierde su vigencia, en caso de haber terminado sin acuerdo el plazo máximo de un año de negociación entre trabajadores y empresas para llegar a uno nuevo.

15. Se derogo el estatuto del régimen del viajante de comercio.

16. Se modificaron artículos del régimen legal del contrato de teletrabajo a saber: el trabajador de esta modalidad con tareas de cuidado deberá coordinar con su empleador los horarios de trabajo siempre y cuando no afecte lo requerido por el mismo y se deja sin efecto la obligación del empleador ante un pedido de volver al trabajo presencial de reincorporarlo, lo que regirá por acuerdo entre las partes.

17. Trabajadores independientes monotributistas. Podrán contar con hasta otros CINCO (5) trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo. El mismo estará basado en la relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos.

El extenso Decreto propuesto por Javier Milei deberá seguir un proceso para su consolidación. Un paso crucial será su consideración en el Congreso de la Nación, donde diputados y senadores determinarán la aprobación o rechazo de las medidas ejecutivas, es importante resaltar que con la aprobación de una de las Cámaras es suficiente para su vigencia.

Fuente: DNU-2023-70-APN-PTE

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En un reciente fallo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la sentencia de primera instancia en la cual se sobresee a una empresa dedicada al agro. La causa se originó por la presunta evasión del pago del impuesto a las ganancias y a las salidas no documentadas por el periodo 2008.

El fallo de primera instancia donde se dispuso el sobreseimiento, tiene origen en la supuesta operatoria de la empresa con proveedores apócrifos. Al momento de la producción de la prueba, la contribuyente mediante la prueba informativa y testimonial, logró comprobar que las facturas emitidas fueron aprobadas por el sistema de AFIP, eso llevó a la existencia tanto de las adquisiciones como de la mercadería. Que las mismas fueron abonadas mediante transferencias y cheques y que no se observó que los beneficios de las operaciones hayan sido transferidos a terceros.

El fisco en su apelación, plantea que la resolución carece de razonabilidad, que presenta una incorrecta interpretación normativa y en consecuencia la torna ausente de fundamentación. 

La Cámara al analizar el recurso de apelación interpuesto por el fisco, confirma la sentencia de grado en base a los  fundamentados allí expuestos acerca de la existencia de la adquisición de la mercadería, y por ende la operatoria cuestionada, sumando el argumento de que el agente fiscal no logro probar la inexistencia de dichas operaciones y adquisiciones presuntas de ser apócrifas.

La Cámara resuelve fallar en favor del contribuyente por el hecho de que logró probar la existencia de la adquisición de la mercadería, y por ende la operatoria cuestionada.

Fuente: CNAPE Sala B, LDC Argentina S.A S/infracción Ley 24.769 2569/2011/CA3, de 11/12/2023