HORACIO CARDOZO            
ABOGADO - Estrategias tributarias
Profesor del postgrado en Derecho Tributario (UBA)
Adjunto regular por concurso (UBA - Derecho)
 

DIC 2016
05

Publicado por
BLANQUEO Y TRANSPARENCIA INTERNACIONAL. Qué países brindaran información y en qué condiciones.

Continuando con el análisis de la ley de sinceramiento fiscal, podemos suponer que su sanción no obedece a un mero capricho del gobierno de turno, sino mas bien, a las exigencias que demanda hoy en día el contexto internacional, respecto al intercambio de información automático entre aquellos países que componen el denominado Grupo de los 20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Es así, que ambas agrupaciones han propiciado el intercambio automático de información que fuera promovido en su oportunidad por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales.

La OCDE estableció un modelo estándar de convenio para que sea suscripto por los estados adherentes, con la finalidad de intercambiar información financiera de manera automática en materia impositiva.

No obstante ello, los países que decidan adherirse, deberán suscribir acuerdos bilaterales para darle efectividad  y garantizar el intercambio.

Asimismo, se destaca que ya son varios los países que han suscripto el mencionado compromiso, algunos denominados “early adopters” (los primeros en adherirse), los cuales iniciarán el intercambio a partir de septiembre de 2017, respecto a datos financieros del año 2016. Por otra parte, encontramos estados que lo harían desde septiembre de 2018, con información retroactiva desde 2017.

En el caso de nuestros países vecinos, y más precisamente Uruguay, desde la AFIP ratificaron que a partir del 1º de enero de 2017, se avanzará en el acuerdo bilateral para que pueda accederse más rápidamente a los datos fiscales. Sin embargo, la salvedad radica, en que la información que se suministrará es del ejercicio fiscal en curso hacia delante, y no para atrás. Por ende, es casi imposible que se consigan los datos de los cinco años anteriores.

En cambio, respecto a Chile, el 1º de enero de 2017 entrará en vigencia un acuerdo para evitar la doble imposición e intercambio automático de información. El Convenio incorpora el estándar presente de la OCDE sobre intercambio de información para fines tributarios entre autoridades fiscales, incluyendo el intercambio de información bancaria, la que estará adecuada respecto de operaciones realizadas a partir del 1° de enero de 2010.

Siguiendo con la misma tesitura, con Brasil, hubo un encuentro previo el 21 de octubre de este año, pero en el mes de diciembre se firmará un Acta de Entendimiento para que haya cinco años de retroactividad en los acuerdos de intercambio de información previos al 31 de diciembre de este año. El acuerdo con los brasileños permite ver información de inmuebles, autos y cuentas bancarias desde enero de 2017. 

Por último, con países como Suiza y Estados Unidos, aún no tenemos definiciones, solamente se acordó con el primero de ellos la firma de un tratado bilateral en el mes de noviembre, sin detallar los alcances que este tendrá, en cambio, el vínculo de AFIP con Estados Unidos es más complicado. El 26 de septiembre último, cuando visitó el país el secretario del Tesoro norteamericano, se convino negociar un acuerdo bilateral integral. Los puntos del acuerdo con Estados Unidos son intercambio de información tributaria para evitar la doble imposición y una ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras.

A continuación un cuadro que detalla a partir de cuando algunos de los países adherentes se comprometerán a brindar información de manera automática: 




Tags: Blanqueo - Sinceramiento Fiscal - Ley 27260 - OCDE - G20
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NOV 2016
30

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FLEXIBILIZAN EL BLANQUEO. Ahora los familiares de funcionarios y ex funcionarios pueden blanquear.

A través del Decreto 1206/2016, publicado el día de hoy en el Boletín Oficial, se establecieron modificaciones significativas respecto de la exteriorización de bienes en el marco del Régimen de Sinceramiento Fiscal.

Entre las mencionadas innovaciones se destaca, en primer lugar, la posibilidad que tienen las personas humanas o las sucesiones indivisas de exteriorizar a su nombre bienes de sociedades del exterior-tal como lo preveía el artículo 39-, cuando se trate de participaciones indirectas, es decir, cuando el bien o tenencia que se declare pertenezca a una sociedad o ente en el cual tenga participación otra sociedad o ente del cual el declarante sea titular.

Otra de las novedades del decreto, prevista en el artículo 3, dispone que cuando se exterioricen bienes que se encuentran a nombre de sociedades del exterior se podrá imputar, en la proporción declarada, las rentas y computar los gastos, deducciones y créditos fiscales por impuestos análogos que genere, pague o tribute la sociedad o ente en el exterior en la medida en que tengan vinculación directa con los bienes y tenencias exteriorizados.

Asimismo, el decreto prevé la posibilidad de deducir los pasivos para las empresas operativas, en desmedro de aquellas que posean excesivas rentas pasivas. Para ello, se realiza una diferenciación respecto de la valuación de acciones, participaciones, partes de interés o beneficios en entes del país o del exterior, estableciendo que aquellas entidades consideradas pasivas continuarán valuando la misma al valor proporcional del activo, mientras que las consideradas activas valuarán al valor patrimonial proporcional que surja del último balance cerrado con anterioridad al 1/1/2016 -excepto para el caso de entes constituidos en el exterior cuya valuación podrá surgir de un balance especial confeccionado al 22/7/2016.

Por último, la novedad más polémica, surge del artículo 6 que permite a los cónyuges, a los padres y a los hijos menores emancipados de funcionarios públicos -art. 82- ingresar al blanqueo solo en el caso de bienes sobre los que se acredite que se encontraban incorporados a su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los citados funcionarios hubieran asumido sus cargos. 


Tags: Blanqueo - Sinceramiento Fiscal - Ley 27260 - Decreto 1206/2016
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NOV 2016
25

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REDUCCIÓN DE CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Un año más.

A través del decreto 946/2016 se prorrogan nuevamente por el plazo de doce meses, los beneficios dispuestos por la Ley 26.940, que estableció a través de su Titulo II – Capítulo II, un Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado.

El mencionado decreto justifica la extensión del plazo, en la amplia adhesión por parte de los empleadores a los beneficios establecidos por la mencionada ley, señalando que más del 50% de los puestos que se crearon desde su entrada en vigencia, se registraron utilizando las facilidades que la ley otorga, tales como la reducción, por el término de veinticuatro meses, de las Contribuciones a la Seguridad Social por cada nuevo empleado que se contrate por tiempo indeterminado, dependiendo la dotación de personal registrado.

Así los empleadores con una dotación de personal de hasta quince trabajadores durante los primeros doce meses de la relación laboral no ingresarán las contribuciones a la seguridad social correspondientes al nuevo empleado y por los segundos doce meses, pagarán el 25% de las mismas.

Por su lado los empleadores que posean entre dieciséis y ochenta trabajadores, durante los primeros veinticuatro meses de la relación laboral ingresarán el 50% de las citadas contribuciones.


Tags: Ley 26940 - Decreto 946/2016 - Contribuciones Seguridad Social - pyme - pymes
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NOV 2016
23

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El delito de trata de personas: ¿Puede ser la AFIP querellante?

Articulo que nos publicara el suplemento de novedades fiscales del díario Ambito Financiero.



De la jurisprudencia se observa una posición mayoritaria que admite la posibilidad de que el organismo recaudador actúe en calidad de tal.

El objetivo del presente comentario es analizar la potestad de la AFIP -como el ente encargado de ejecutar las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional en materia tributaria, aduanera y de recaudación de los recursos de la seguridad social-, para ser querellante, frente a aquellos delitos que van en detrimento de las arcas estatales, ya sea en forma directa o indirecta (en el presente caso en un expediente donde se investigaba la trata de personas). Para ello, y a través de dos antecedentes jurisprudenciales, indagaremos las facultades que posee el mencionado organismo, a los efectos de ejercer la acción penal en los delitos de acción pública como acusador particular.

En primer término, cabe recordar lo establecido por el artículo 4 del Régimen de Representación Judicial del Estado (Ley 17.516), al afirmar de manera peculiar que el Estado podrá asumir la función de querellante cuando se cometan delitos contra el patrimonio o las rentas fiscales. Asimismo, y siguiendo la misma tesitura, el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), prevé expresamente en su artículo 23 que el organismo recaudador podrá asumir, en el proceso penal, la función de querellante particular, a través de los funcionarios designados para que asuman su representación.

Sentado ello, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en el fallo "C. S., J. y otro s/ Recurso de Casación" de fecha 06/09/2016, consideró admisible que el organismo estatal se constituya en querellante en la causa en que se investigaba la existencia de un delito de trata de personas.

De esta forma, el tribunal, haciendo lugar al recurso de casación articulado por la AFIP. revocó lo resuelto por el juez a quo, y expresó claramente, que la invocación del bien jurídico protegido por el concreto delito imputado para determinar la legitimación procesal activa no resulta una pauta definitoria, puesto que no se ha de excluir la protección subsidiaria de otros bienes garantidos; de manera que siempre que derive un perjuicio directo y real, quien lo sufre se encuentra legitimado para ejercer el rol de querellante.

Ello, teniendo en cuenta, que detrás del delito mencionado se pudo visualizar la existencia de elementos que podrían configurar el supuesto de evasión previsional conforme lo tipifica el art. 7 y 8 de la Ley 24.769 y que la Administración -como se dijo- es la encargada de la aplicación, recaudación, fiscalización y ejecución judicial de los recursos de la seguridad social.

De esta forma, la Cámara sostuvo que en el caso de los delitos denunciados no puede sostenerse que no resulte afectada la integridad de los recursos de la seguridad social, y, con ello, que sea también el Estado particular ofendido, por dichas conductas, en una parte sustancial, en tanto resulta titular de la Hacienda Pública.

Por último, los magistrados afirmaron que en los llamados delitos de acción pública se denomina querellante a la persona de derecho público o privado, portador del bien jurídico afectado o puesto en peligro por el hecho punible concreto que es objeto del procedimiento, esto es, sintéticamente, al ofendido por ese hecho punible, en lenguaje común para el derecho procesal penal.

En otro caso la jurisprudencia se ha inclinado por ser restrictiva en la admisión de la AFIP como querellante, así la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, en el "Incidente de falta de acción de K.G.D. en causa K. S.A. sobre infracción Ley 24.769", de fecha 08/09/2015, en donde revocó por unanimidad el fallo de primera instancia, admitiendo la excepción de falta de acción, y excluyendo de esta forma a la AFIP como parte querellante en el proceso, sin perjuicio de la prosecución de la acción penal de la que es titular el Ministerio Público.

Cabe destacar que en este caso se trató de una causa instruida en averiguación de la evasión fraudulenta de una obligación tributaria, en la cual se tuvo por probado que en forma previa, el organismo recaudador había acordado con el contribuyente el pago en cuotas de la obligación que se sospechó fue evadida fraudulentamente.



Argumento

Para así decidir, los magistrados -en el voto mayoritario- consideraron que el acuerdo celebrado entre el contribuyente y la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el objeto de cancelar en cuotas la obligación que se sospecha fue evadida fraudulentamente, supone una convención con la que se resarce el perjuicio ocasionado por el delito, tal como se establecía en la ley vigente al celebrarse ese acuerdo (conf. artículo 1097 del anterior Código Civil, Ley Nº 340).

No obstante ello, el voto en disidencia sostuvo que el convenio realizado entre las partes no tiene ningún efecto jurídico penal, aunque una de ellas sea la AFIP, dado que las acciones delictuales que tienen por base la Ley 24.769 y sus modificatorias son de orden público e indisponibles.

Destacamos que en el actual Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, no se encuentra una norma igual o similar al mencionado art. 1097 del plexo normativo anterior.

En conclusión, podemos observar que la jurisprudencia mayoritaria admite la posibilidad de que el organismo recaudador se constituya como parte querellante, con basamento en las leyes que contemplan esta eventualidad, sin perjuicio de que se debe atender al caso particular y determinar con exactitud la afectación concreta al bien jurídico tutelado por el ente fiscal, es decir, la renta pública.

Por Horacio Félix Cardozo y Juan F. Capdevila

(*)Profesor del posgrado en Derecho Tributario (UBA-Derecho).


Tags: trata de personas - querellante - afip - ley 24.769 - ley penal tributaria
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NOV 2016
16

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PENAL ECONÓMICO. Extinción de la causa penal por el transcurso del tiempo. Requisitos para su admisibilidad.

La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la querella y, en consecuencia, revocó la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1 que dispuso declarar extinguida la acción penal por el transcurso razonable para su ejercicio.

Para derribar los argumentos expuestos por el juez a quo, los magistrados sostuvieron -a través de distintos antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que el concepto de plazo razonable debe medirse en relación con una serie de factores tales como la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la conducta de las autoridades de conducción del proceso.

Asimismo, remarcaron la dificultad que plantea esta vía excepcional de declaración de la prescripción de la acción penal, teniendo en cuenta que el derecho a ser juzgado sin dilaciones no puede traducirse en un número específico de días, meses o años.

De esta forma, la cámara afirmó que el lapso temporal a tener en cuenta a los efectos de la verificación de la existencia de este supuesto de prescripción excepcional es del tiempo en que los imputados efectivamente estuvieron sometidos a proceso, excluyendo cualquier cómputo de plazo futuro, de por sí indeterminado.

Por último, consideraron que el análisis efectuado por el juez a quo reveló una fundamentación parcial y en contra de los parámetros establecidos por los precedentes de la CSJN, la CIDH y la CEDH, ya que estuvo limitado a los actos judiciales que consideró responsables de la demora del trámite de la investigación, sin haber realizado una evaluación circunstanciada de la complejidad del caso y la actitud procesal de los imputados en el expediente.

Cámara Federal de Casación Penal - Sala IV - 24/08/2016 - "S., J.A. s/ Recurso de Casación".

(*) Abogado, profesor del posgrado en Derecho Tributario (UBA-Derecho).


Tags: penal económico - Cámara Federal de Casación Penal - recurso de casación - extinción de causa penal
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NOV 2016
16

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PENAL TRIBUTARIO. Apropiación indebida de los recursos de la seguridad social. Exculpación por problemas económicos.

La Cámara Federal de Mendoza confirmó el fallo de primera instancia que dispuso sobreseer definitivamente a los imputados por el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social. 

Para así decidir, la cámara argumentó que la protección de la intangibilidad de la recaudación de los tributos y recursos de la seguridad social no se ha visto lesionada, a pesar de que a la fecha de la inspección no se había efectuado el pago de lo adeudado por el contribuyente.

Asimismo, se logró demostrar que los imputados, pese haber depositado en forma tardía, priorizaron el pago de los sueldos de los empleados de la firma en su totalidad y las obligaciones para con aquellos, incluyendo tales obligaciones en un plan de facilidades, excluyendo así un actuar doloso.

De esta forma, los magistrados concluyeron que la dilación en efectuar los respectivos aportes es producto del desequilibrio financiero de la empresa y no de una maniobra dolosa por parte de los imputados.

Cabe agregar que la figura de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social, tipificada por el art. 9 de la Ley 24.769, requiere para su configuración que los agentes hayan obrado dolosamente, es decir, con intención de defraudar, no aceptándose bajo ningún concepto la presunción del dolo, motivo por el cual tanto la existencia de este elemento subjetivo como la de los otros presupuestos del tipo depende de la prueba que se arrime a la causa.

Cámara Federal de Mendoza - Sala B - 30/11/2015 - "O., D. J. y L.P., E. s/ Infracción Ley 24.769".



 


Tags: penal tributario - Cámara Federal de Mendoza - desequilibrio financiero - art. 9 de la Ley 24.769 - ley 24.769
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