Con la publicación de la Resolución N.º 347/2025 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), el 8 de julio pasado entró en vigencia el nuevo Sistema de Seguros de Cese Laboral, un régimen alternativo a las tradicionales indemnizaciones por despido contempladas en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este esquema, previsto en el Decreto N.º 847/2024 reglamentario de la Ley de Bases (Ley N.º 27.742), solo podrá aplicarse cuando lo autorice expresamente el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable.

El sistema funcionará a través de pólizas colectivas de seguro (vida con ahorro o retiro), con cuentas individuales por cada trabajador, en las que se acumularán las primas abonadas por el empleador y, eventualmente, aportes voluntarios. En caso de desvinculación laboral —por las causales que determine el CCT—, el trabajador podrá acceder a los fondos acumulados bajo las condiciones pactadas.

Además del reemplazo de la indemnización por antigüedad, el seguro podrá cubrir otras contingencias, como fallecimiento o incapacidad, previendo beneficiarios conforme al orden del artículo 248 LCT (cónyuge o conviviente, descendientes, padres, hermanos).

La implementación del sistema implica un cambio estructural: traslada la lógica indemnizatoria hacia un régimen de capitalización aseguradora, con mayor previsibilidad para las partes y menor conflictividad judicial. Sin embargo, su aplicación no es automática: requiere negociación sectorial entre empleadores y sindicatos, quienes ahora cuentan con un marco jurídico y técnico definido para incorporarlo.

El marco normativo establece condiciones claras: Se detallan todas las hipótesis de extinción que deben estar previstas en las pólizas (despido sin causa, con causa, mutuo acuerdo, art. 247, 250, 251 LCT, fallecimiento, etc.), asegurando cobertura frente a todas las causales relevantes; Se habilita la sustitución total o parcial de la indemnización por antigüedad mediante seguros, dejando en manos del CCT definir si se adhiere y qué rubros quedan comprendidos; Se exige que las pólizas sean claras, sin ambigüedades, y detalla los requisitos mínimos: condiciones de adhesión, nómina de asegurados, definiciones, exclusiones, primas, sumas aseguradas, y procedimiento de pago.

Asimismo, se impone a las aseguradoras la obligación de:

Brindar proyecciones de rentabilidad al momento de la contratación.

Emitir reportes semestrales sobre saldos, aportes, deducciones y rendimiento.

Habilitar una plataforma digital de acceso permanente para que el trabajador consulte el estado de su cuenta.

Este nuevo régimen no reemplaza automáticamente el sistema indemnizatorio, pero ofrece una alternativa estructurada, controlada y transparente, con potencial para reducir la litigiosidad, brindar previsibilidad a las empresas y garantizar cobertura efectiva para los trabajadores.

Fuente: Resolución SSN N.º 347/2025 – Decreto N.º 847/2024 – Ley N.º 27.742