En un reciente pronunciamiento, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a través de su Sala III, reafirmó un criterio clave en materia de riesgos del trabajo: las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo no solo tienen deberes de cobertura, sino también una obligación activa de control y prevención, y son ellas quienes deben probar la inexistencia de riesgos en el ámbito laboral.
El caso tuvo como protagonista a un trabajador que se desempeñaba como telemarketer, quien reclamó una indemnización al amparo de la Ley de Riesgos del Trabajo por padecer secuelas psíquicas incapacitantes. La patología fue atribuida a la sobrecarga laboral, la presión permanente por la duración de cada llamada y el control constante ejercido por los superiores jerárquicos, condiciones que —según se acreditó— caracterizaban su jornada habitual.
En primera instancia, el juez reconoció el carácter laboral de la afección y condenó a la ART al pago de la indemnización correspondiente. Frente a ello, la aseguradora apeló, sosteniendo que la enfermedad denunciada era inculpable y ajena al trabajo, sin aportar elementos técnicos que respaldaran esa afirmación.
La Cámara confirmó el fallo y fue contundente en su análisis. Señaló que la ART se encontraba en mejor posición para producir la prueba, ya que es quien debe realizar evaluaciones periódicas de los ambientes laborales y verificar el cumplimiento de las normas de prevención. Sin embargo, lejos de acompañar informes, relevamientos o constancias de control, la aseguradora se limitó a negar el origen laboral de la patología.
Para los magistrados, esa omisión resulta decisiva. La sentencia pone en juego la teoría de la carga probatoria dinámica, según la cual debe probar quien está en mejores condiciones de hacerlo. En materia de riesgos del trabajo, esa posición privilegiada la ocupa la ART, por su acceso técnico, su rol preventivo y sus facultades de fiscalización.
El fallo refuerza así un principio central del sistema: las ART no pueden desentenderse de su función preventiva ni escudarse en meras negativas formales. Si no acreditan haber controlado efectivamente los riesgos, ni haber evaluado las condiciones de trabajo, deben asumir las consecuencias jurídicas de esa falta.
Fuente: “G., D. N. c/ Liberty ART S.A. s/ Accidente – Ley Especial”, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, Expte. Nº CNT 41018/2013.
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