En un reciente fallo, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín (Sala II) resolvió confirmar la reducción de una sanción de clausura impuesta a una empresa por ARCA, al entender que el ejercicio del derecho de defensa no puede ser interpretado como falta de colaboración. La sanción, originalmente establecida por cuatro días, fue reducida al mínimo legal de dos días, conforme a lo previsto por el artículo 40 inciso e) de la Ley 11.683.
El caso surgió a raíz de una infracción formal detectada en un procedimiento de fiscalización. Según ARCA, la empresa no reconoció los hechos durante el trámite administrativo, lo que habría justificado, a su criterio, una sanción más severa. El organismo argumentó que la actitud de discutir la infracción implicaba un obrar contrario al deber de colaboración.
La Cámara, sin embargo, rechazó esta postura y dejó en claro que ejercer los remedios procesales disponibles es parte de los derechos fundamentales del contribuyente. El Tribunal remarcó que no puede castigarse a una empresa por presentar sus defensas o formular sus descargos, ya que el procedimiento no debe orientarse a la sanción automática, sino a la verificación de la verdad material.
Además, se valoró la ausencia de antecedentes similares y el alto impacto económico que conlleva una clausura, concluyendo que la reducción al mínimo legal resultaba adecuada y proporcional a la conducta analizada.
El fallo reafirma que las garantías constitucionales y los principios del debido proceso también rigen en materia tributaria, incluso frente a infracciones formales, y limita el margen para sanciones desproporcionadas.
Fuente: “ARCA s/ Legajo de Apelación” – Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, Sala II – 05/06/2025
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